“La arqueología tendría que repensarse y surgir”

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Federico Paredes Umaña es un arqueólogo y antropólogo que, a sus 40 años, ha sido anunciado como el ganador del máximo galardón entregado por el Gobierno de El Salvador a quienes trabajan en beneficio de la cultura en el país: el Premio Nacional de Cultura 2018, gracias, en parte, al trabajo de investigación “Las Cabezas de Jaguar”.

Por Francisca Guerrero

A inicios de octubre, el Ministerio de Cultura dio a conocer el nombre del ganador del Premio Nacional de Cultura, el cual, en esta ocasión, reconoce a la investigación en patrimonio cultural y natural. A la edición de este año, fueron nominados apenas cuatro investigadores, todos especialistas en diferentes áreas (música, antropología, curaduría y arqueología), y no precisamente porque no haya trabajo de investigación en esos campos en el país, sino más bien porque uno de los requisitos consistía en que la persona nominada haya realizado publicaciones a escala nacional e internacional.

Ese requisito lo cumplía el arqueólogo y antropólogo Federico Paredes Umaña, quien —a lo largo de su trayectoria profesional— ha publicado artículos y trabajos en México, Estados Unidos, Guatemala y El Salvador. Para él, recibir este reconocimiento a sus 40 años es todo un privilegio. Considera que aún tiene mucho camino qué recorrer en el campo de la investigación arqueológica, a veces quizás un camino contracorriente, nada fácil, pero que posiblemente permita dejar un legado patrimonial más amplio a las futuras generaciones de salvadoreños.

La arqueología, vista desde su punto de vista, no debe limitarse a ser una arqueología privada, extractivista, de rescate o de contrato, esa que se reduce a investigar, registrar y difundir resultados, pero sin implicarse en el presente, en las necesidades cotidianas de las comunidades que resguardan vestigios de nuestros antepasados. Paredes afirma que la arqueología debe ampliar sus horizontes, debe convertirse en una arqueología social, pública, comprometida, que ayude a solucionar las necesidades más inmediatas de esas poblaciones para luego dar paso al trabajo de excavación, en el cual también se invite a participar a esa comunidad.

“El Premio (Nacional de Cultura) viene cuando hay una fusión entre el trabajo académico y el trabajo comunitario que se está realizando actualmente y del cual formo parte. Me he sumado a estos esfuerzos que existen, que están dando frutos y que son producto de la coordinación interinstitucional desde el Estado (…) esfuerzos en los que también participan el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, en otros ámbitos”, manifiesta Paredes, al enfatizar la importancia de que este año el premio reconozca una categoría poco trabajada como es la investigación en patrimonio cultural y natural.

Al hablar de la fusión entre el trabajo académico y el trabajo comunitario, Paredes se refiere, con el primero, al trabajo de investigación sobre patrimonio cultural que se ha hecho anteriormente, el cual ha estado a cargo de expertos en la materia, y se rige por lineamientos exclusivamente académicos, en donde el Estado y el investigador son los únicos que determinan (en círculos restringidos) qué es patrimonio y qué no lo es; mientras que, con el segundo, hace referencia a la labor para el rescate y preservación del patrimonio cultural llevada a cabo por asociaciones culturales particulares con el apoyo de las comunidades. Una manera de ejemplificar esta fusión es con su investigación “Cabezas de Jaguar”, en la que el arqueólogo descubrió, investigó y documentó la existencia de estos monumentos y, posteriormente, los presentó ante la (entonces) Secretaría de Cultura para su protección; y, más adelante, incluyó la participación de organizaciones comunitarias ―como el Consejo Ciudadano de Comunidades Originarias de Tacuba o la Alcaldía del Común de Izalco―. “Una de las primeras cosas importantes es que el trabajo investigativo en Tacuba no ha comenzado con la piocha, la pala y el pico, no hemos comenzado a excavar todavía. Tenemos dos años de trabajo comunitario para preparar las condiciones para decidir ¿qué quiere la comunidad en realidad? y ¿cuáles son sus preguntas?”, argumenta el investigador.

La importancia del trabajo comunitario en la Arqueología es fundamental. Actualmente, según opina, el país cuenta con un modelo de gestión patrimonial predominantemente privado, el cual debe cambiar y abrirse a un panorama para conceptualizar y aterrizar en la práctica sobre cómo debe hacerse una Arqueología de cara a la participación de las personas, en sus propios territorios, en donde las comunidades tengan qué decir, tengan la primera palabra de lo que va a ocurrir en su territorio.

Este modelo de gestión patrimonial privado, más una deficiente Ley Nacional de Patrimonio Cultural, es el que ha permitido que en El Salvador sucedan casos como el de Tacuscalco, un sitio de una relevancia histórica de alrededor de tres mil años, con evidencia de vestigios arqueológicos, en el cual una empresa constructora erige una urbanización (de 1,500 casas) sin el consentimiento de las autoridades competentes (Ministerio de Cultura y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales). Aun cuando la constructora manifiesta, a través de los medios de comunicación, haber parado los trabajos, Paredes sostiene que estos continúan: “Ahora tenemos un problema que es real, la gente del sindicato de trabajadores de la construcción está haciendo presión para regresar a sus labores y, la verdad, es que han regresado a sus labores. La verdad es que tenemos paros de obra, hay tres juicios abiertos y en dos de ellos se ha decretado paro de obra. Lo que vemos es que todavía existe movimiento en el sitio, siguen entrando camiones, se sigue construyendo. No ha habido un paro efectivo de obra”.
En su opinión, el modelo de gestión patrimonial del país está basado en planes de desarrollo que avalan la urbanización de zonas que fueron agrícolas, donde no se toma en cuenta la información arqueológica e histórica de la región. “Si se hubiera tomado en cuenta, la constructora hubiera visto que este es un sitio en donde no convenía hacer un desarrollo urbanístico. Aquí ha habido costumbre de pasar tractor primero y, luego, pedir permiso o pedir perdón o nunca pedir perdón”, asegura el doctor en Antropología por la Universidad de Pensilvania.


Debido a este forma de gestionar el patrimonio, Paredes considera un hecho de suma importancia que la investigación en patrimonio cultural haya sido reconocida con el Premio Nacional de Cultura, pues, a partir de allí, esperaría cambios significativos: “Espero que esto (el premio) se traduzca en acciones específicas y se traduzca en una reforma integral de la Ley de Patrimonio Cultural de El Salvador, en la cual se reafirme la protección de parte del Estado, en la que se le quiten algunas interpretaciones o se clarifiquen algunos conceptos de la Ley y le dé más dientes; pero, también, que se introduzcan dos cosas específicas: los pueblos indígenas de El Salvador, sus derechos, y el trabajo y reconocimiento comunitario patrimonial”.

Pueblos indígenas y patrimonio cultural

Paredes, quien hasta el año pasado ejerció como profesor en el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es también colaborador del Programa Gestión Participativa del Desarrollo Territorial, del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Asimismo, se desempeña como investigador del Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (CENICSH), donde está a cargo del Programa Cultura y Transformaciones Sociales.

Estos programas le permiten tener ese acercamiento con las comunidades indígenas en las que se llevan a cabo proyectos arqueológicos y también educativos. Es en este marco en donde se relacionan el patrimonio cultural con los pueblos indígenas y con sus derechos. Un ejemplo es el trabajo que actualmente se realiza con la comunidad de Tacuba, Ahuachapán, un proyecto descrito como participativo. “En Tacuba ya tenemos identificadas zonas arqueológicas de la mayor trascendencia, pero todavía no hemos comenzado a excavarlas porque no solo estamos haciendo trabajo antropológico y arqueológico, también estamos buscando maneras de resolver los problemas más inmediatos, como la desnutrición infantil, el problema del techo… Ahí hay necesidades básicas donde no podemos llegar a hablar de investigar el pasado de hace dos mil años, si no podemos resolver los problemas mínimos de la vida en la actualidad”, asegura el experto.
Una de las estrategias puestas en práctica por el Ministerio de Gobernación y la comunidad de Tacuba es la denominada “Plan de Vida”, un proyecto que, según Paredes, pone en perspectiva lo que significa la filosofía indígena, cómo ellos quieren desarrollar su territorio y cómo las instituciones públicas se pueden poner al servicio de sus necesidades específicas. “Aún hay mucho que hacer (en Tacuba) antes de llegar al tema de la excavación, pero la identificación del patrimonio es el gran motor para que en el territorio se puedan identificar cómo llevar a cabo estos proyectos, que tengan coherencia, que estén ligados a un proyecto de base comunitaria. Esa es la gran matriz donde la Arqueología tendría que repensarse y surgir”, expresa.

Por otro lado, el arqueólogo ve como una oportunidad —para aportar al trabajo de investigación arqueológica— el hecho de trabajar en el CENICSH, debido a que uno de los mandatos de este Centro de Investigaciones es el diseño de políticas públicas desde la investigación en Ciencias Sociales. En el caso de la gestión del patrimonio cultural, por ejemplo, Paredes considera que se puede aportar creando políticas específicas que hasta hoy no se han tenido, muchas veces por falta de presupuesto: “Si desde aquí podemos diseñar política pública que aporte a la investigación y que aporte además a pensar cómo le vamos a hacer para que alcancen más los recursos, para que tengamos unidades de trabajo y que podamos llevar un trabajo arqueológico más ligado a las comunidades, yo creo que ahí estaríamos cambiando las inercias”.

Paredes es parte del equipo que, desde el CENICSH, diseña una política pública que viene a integrarse a los esfuerzos del trabajo con los pueblos indígenas y el trabajo con los estudiantes del Bachillerato en Patrimonio Cultural. En palabras de Paredes, “este (la creación de este Bachillerato) ha sido un esfuerzo del Viceministerio de Ciencia y Tecnología; lo que ahora estamos buscando es integrar a los estudiantes del occidente del país para apoyar el trabajo comunitario, el trabajo organizativo indígena y, sobre todo, un trabajo específico, que es un trabajo de desarrollo artesanal junto con CONAMYPE”.

El bachillerato en Patrimonio Cultural fue creado por el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Educación. Actualmente, se imparte en Santa Ana e Izalco (departamento de Sonsonate); además, existe una especialización técnica en la sede del ITCA en Santa Ana. Más adelante, se instalarán talleres escuela, siempre en el occidente del país: Izalco, Nahuizalco y uno entre Tacuba y Ataco. El antropólogo explica que la idea es que los estudiantes de patrimonio asistan los procesos de investigación del patrimonio cultural; esta investigación, a su vez, servirá para hacer un trabajo de desarrollo y de innovación de productos artesanales, como herramienta para mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas del occidente.

“Aquí es donde el CENICSH se ha incorporado para ser una pieza clave en estos engranajes. Estamos haciendo un trabajo de investigación participativa con las comunidades. Ahí se están definiendo las rutas a seguir y luego la conexión con otras instituciones (…) Vamos conectando estos puntos para crear proyectos coherentes que lleven el desarrollo a los territorios y que, además, partan de los mismos planes que las comunidades se han planteado para sí mismas”, concluye el científico.

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